El Gobierno central declaró en estado de emergencia a un total de 893 distritos distribuidos en 22 regiones del país, ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. La medida, publicada en el diario oficial, busca garantizar una respuesta ágil y coordinada para proteger a la población que reside en zonas de alto riesgo hidrometeorológico, así como para preparar la infraestructura ante posibles desbordes de ríos, huaicos e inundaciones.
La declaratoria de emergencia, que tendrá una vigencia de 60 días, prioriza las regiones del norte y la sierra del Perú, donde los modelos climáticos predicen las precipitaciones más severas. Entre las zonas más afectadas se encuentran los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno y Arequipa, entre otros. En total, la medida alcanza a más de la mitad de los distritos del país, lo que evidencia la magnitud del fenómeno climático que se avecina.
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) será la entidad técnica encargada de coordinar las acciones de prevención, respuesta y rehabilitación en articulación con los gobiernos regionales y locales. Según el decreto supremo que oficializa la emergencia, se autoriza la transferencia de partidas presupuestales a las entidades involucradas para la ejecución de intervenciones inmediatas, como la limpieza de cauces, el reforzamiento de defensas ribereñas, la instalación de albergues temporales y la distribución de bienes de ayuda humanitaria.
El Fenómeno El Niño, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, provoca un incremento significativo de las precipitaciones en la costa norte y en la sierra del Perú. Los escenarios proyectados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) indican que las lluvias podrían superar los registros históricos en varias cuencas, lo que eleva el riesgo de activación de quebradas, deslizamientos y crecidas de ríos.
Las regiones del norte, como Piura y Tumbes, son particularmente sensibles debido a la fragilidad de sus sistemas de drenaje y a la presencia de asentamientos humanos en zonas inundables. En la sierra, las laderas inestables y la deforestación agravan la vulnerabilidad ante huaicos y deslizamientos. La declaratoria de emergencia permitirá que las autoridades locales implementen planes de contingencia con mayor celeridad y que se destinen recursos para la adquisición de maquinaria y equipos de respuesta.
Los especialistas en gestión de riesgos han señalado que la experiencia de fenómenos anteriores, como El Niño Costero de 2017, dejó lecciones importantes sobre la necesidad de actuar con anticipación. La declaratoria de emergencia, en este sentido, no solo busca atender la emergencia una vez que ocurra, sino también financiar obras de prevención que reduzcan el impacto de las lluvias en la población y la infraestructura crítica.
Datos clave de la declaratoria de emergencia:
El decreto de emergencia faculta a los gobiernos regionales y locales a ejecutar, de manera inmediata, intervenciones orientadas a reducir los riesgos y garantizar la seguridad de las personas. Entre las medidas previstas se encuentran la limpieza y descolmatación de ríos, quebradas y canales de drenaje; el reforzamiento de defensas ribereñas con enrocado y gaviones; y la instalación de sistemas de alerta temprana en comunidades expuestas.
Asimismo, se contempla la adquisición y distribución de bienes de ayuda humanitaria, como carpas, frazadas, kits de cocina, alimentos no perecibles y agua potable, para atender a la población que pudiera resultar afectada. Los gobiernos locales, con el apoyo de INDECI, deberán actualizar sus planes de contingencia y realizar simulacros de evacuación en coordinación con la población.
El sector salud también se verá involucrado, con el reforzamiento de los establecimientos de salud en las zonas de mayor riesgo y la preparación de brigadas de respuesta rápida para atender posibles emergencias sanitarias, como brotes de enfermedades transmitidas por el agua o por vectores, que suelen incrementarse tras las inundaciones.
En el ámbito educativo, se ha dispuesto que las autoridades regionales evalúen la suspensión de clases en aquellas instituciones educativas que se encuentren en zonas de alto riesgo, y que se habilite la infraestructura de los colegios como albergues temporales en caso de ser necesario. El Ministerio de Educación coordinará con las direcciones regionales para garantizar la continuidad del servicio educativo en lo posible.
El INDECI, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd), tendrá la responsabilidad de monitorear la evolución de las lluvias y de emitir los avisos y alertas correspondientes. Para ello, trabajará de manera articulada con el Senamhi, que proporciona información meteorológica e hidrológica actualizada, y con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que elabora mapas de peligro y vulnerabilidad.
La coordinación con los gobiernos regionales y locales es fundamental para que las acciones de prevención y respuesta sean efectivas. Cada gobierno regional deberá conformar su comité de emergencia y designar a un funcionario encargado de enlazar con el INDECI. Además, se ha establecido que los recursos transferidos para la emergencia deberán ser ejecutados con celeridad y transparencia, bajo la supervisión de la Contraloría General de la República.
Ante el escenario de lluvias intensas, las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para que la ciudadanía adopte medidas preventivas. En primer lugar, se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Senamhi y el INDECI, y a seguir las indicaciones de las autoridades locales. Asimismo, se recomienda evitar transitar por zonas cercanas a ríos, quebradas o laderas inestables durante las precipitaciones.
Las familias que residen en áreas de alto riesgo deben preparar un plan de emergencia familiar, que incluya la identificación de rutas de evacuación, puntos de reunión seguros y un kit de emergencia con documentos importantes, alimentos no perecibles, agua, linterna, radio y medicamentos básicos. En caso de que las autoridades dispongan una evacuación, es crucial acatar la orden de manera oportuna y dirigirse a los albergues habilitados.
Los conductores deben extremar precauciones al circular por carreteras, especialmente en tramos de la sierra donde los deslizamientos y huaicos pueden ocurrir sin previo aviso. Se recomienda evitar cruzar ríos o quebradas con vehículos, y respetar las señales de tránsito y los dispositivos de control implementados por las autoridades.
Los gobiernos locales, por su parte, han sido instruidos para que realicen campañas de sensibilización en sus comunidades, utilizando medios locales y redes sociales para difundir los mensajes de prevención. También se ha dispuesto la habilitación de líneas telefónicas de emergencia para que la población pueda reportar situaciones de riesgo o solicitar asistencia.
La declaratoria de emergencia conlleva la asignación de recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres (FONDES) y del presupuesto institucional de los gobiernos regionales y locales. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha autorizado la transferencia de partidas para financiar las actividades de prevención, respuesta y rehabilitación, las cuales serán supervisadas por la Contraloría para garantizar su correcto uso.
Según fuentes del MEF, los recursos destinados a la emergencia se orientarán principalmente a la limpieza y mantenimiento de infraestructura de drenaje, a la adquisición de maquinaria y equipos, y a la compra de bienes de ayuda humanitaria. Además, se ha previsto un fondo de contingencia para atender necesidades no previstas que pudieran surgir a medida que avanza el fenómeno climático.
Las entidades ejecutoras deberán presentar informes periódicos al INDECI sobre el avance de las intervenciones y el uso de los recursos. La transparencia en la gestión de los fondos de emergencia es una exigencia de la ciudadanía y de los órganos de control, por lo que se ha dispuesto que toda la información sea publicada en los portales de transparencia de las entidades involucradas.
El Fenómeno El Niño no solo representa una amenaza para la vida y la integridad de las personas, sino también para la agricultura y la infraestructura productiva. Las lluvias intensas pueden inundar cultivos, arrastrar suelos y dañar sistemas de riego, lo que afecta la producción agropecuaria y la economía de las regiones. El Ministerio de Agricultura y Riego ha coordinado con las direcciones regionales para implementar medidas de protección de los cultivos y para evaluar la necesidad de declarar en emergencia el sector agrario en las zonas más golpeadas.
En cuanto a la infraestructura vial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha movilizado maquinaria pesada a los puntos críticos para garantizar la transitabilidad de las carreteras. Se han identificado tramos de la red vial nacional que son particularmente vulnerables a deslizamientos y hundimientos, y se ha dispuesto la ejecución de obras de drenaje y protección de taludes. Además, se ha reforzado el personal de mantenimiento en las provincias de mayor riesgo.
Las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento también se han preparado para eventuales interrupciones en el suministro debido a la turbidez de las fuentes de agua o a daños en las redes de distribución. Se ha recomendado a la población almacenar agua potable en recipientes limpios y cerrados, y a utilizar el agua de manera racional durante el período de lluvias.
La declaratoria de emergencia es un paso fundamental para enfrentar los desafíos que plantea el Fenómeno El Niño, pero las autoridades insisten en que la corresponsabilidad de la ciudadanía es igualmente importante. La prevención, la solidaridad y el cumplimiento de las indicaciones oficiales son las mejores herramientas para reducir el impacto de este fenómeno climático en la vida de los peruanos.
Las próximas semanas serán cruciales para evaluar la evolución de las lluvias y la efectividad de las medidas adoptadas. El INDECI mantendrá el monitoreo permanente y actualizará la información a través de sus canales oficiales, mientras los gobiernos regionales y locales continúan con la implementación de los planes de contingencia. La población, por su parte, debe mantenerse alerta y preparada para actuar con responsabilidad ante cualquier eventualidad.