Cuatro de los diez adolescentes denunciados por una presunta agresión sexual contra un compañero del Liceo Naval Almirante Guise fueron liberados este viernes 18 de septiembre tras permanecer retenidos en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima. Los menores salieron de la dependencia policial acompañados por sus familiares minutos antes de las 2:00 p.m., mientras que los otros seis fueron derivados al Tercer Juzgado de Familia del Poder Judicial para que se evalúe su situación dentro de la investigación. La liberación de los cuatro adolescentes se produjo luego de que venciera el plazo legal de 48 horas de retención en flagrancia.
La denuncia se originó por un hecho que habría ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba al equipo de futsal del colegio después de participar en un campeonato. La presunta víctima es un estudiante de 16 años cuya familia acudió a la Comisaría de San Borja para denunciar lo ocurrido. Tras la denuncia, la Policía y otras autoridades intervinieron en el colegio y retuvieron a diez estudiantes de quinto de secundaria. Posteriormente, los menores fueron distribuidos entre la dependencia policial y la sede judicial según las diligencias dispuestas para cada caso.
¿Qué se sabe del caso?
El caso se remonta al pasado martes 15 de septiembre, cuando un estudiante del colegio Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, denunció haber sido víctima de una agresión sexual dentro de un bus escolar que trasladaba a los alumnos de regreso de una competencia deportiva. Tras la denuncia interpuesta por los padres, la Fiscalía dispuso tomar la declaración del afectado mediante Cámara Gesell y recoger los testimonios de los involucrados. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo contra los escolares denunciados por la presunta violación sexual en agravio del menor de 16 años.
Según el Ministerio Público, el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández requirió la medida con el objetivo de asegurar la presencia de los estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, tras “recabar indicios que los vinculan con la infracción a la ley penal”. Entre los elementos considerados figuran las declaraciones de los menores de edad involucrados, de los policías intervinientes y de los padres que denunciaron el hecho, así como el reconocimiento médico-legal practicado a la víctima, entre otros actuados.
Medidas de protección y decisiones judiciales
El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los diez escolares investigados. En tanto, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas en favor del adolescente, así como el patrullaje constante de forma periódica semanal, a cargo de la comisaría del sector, en su domicilio. Entre estas medidas figuran prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios, privados o redes sociales (WhatsApp, Facebook, entre otras) contra el agraviado, así como terapias psicológicas obligatorias para ellos.
La Corte Superior de Justicia de Lima informó que el Tercer Juzgado de Familia de Lima asumió las diligencias para tomar las declaraciones de los menores puestos a disposición por el Ministerio Público. Dicho despacho tenía previsto emitir este viernes la resolución respecto al pedido de internamiento preventivo solicitado por la Fiscalía. El requerimiento de internamiento preventivo, presentado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández, tiene como finalidad asegurar la presencia de los alumnos de quinto año de secundaria durante el desarrollo del proceso.
Datos clave del caso
- Fecha de los hechos: 15 de septiembre de 2026
- Lugar: Interior de un bus escolar, distrito de San Borja, Lima
- Víctima: Estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise
- Investigados: Diez estudiantes de quinto año de secundaria
- Liberados: Cuatro adolescentes tras cumplir 48 horas de retención
- Medida judicial: Cuatro meses de internamiento preventivo para seis investigados
- Medidas de protección: Prohibición de contacto por redes sociales y terapias psicológicas
Repercusión institucional y administrativa
Como medida preventiva a nivel institucional, la Marina de Guerra del Perú separó de sus cargos a la directora del plantel, a un docente y al entrenador de fútbol, mientras la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y el Indecopi investigan la actuación de las autoridades escolares y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Además, se conoció que otros padres habrían presentado anteriormente denuncias sobre hechos de violencia que, según su versión, no fueron atendidas oportunamente por las autoridades del colegio.
El caso generó gran repercusión y motivó diversas medidas, entre ellas, la transferencia de la administración del colegio al Ministerio de Educación, que dejará de estar a cargo de la Marina. Esta decisión responde a la necesidad de garantizar una investigación transparente y de fortalecer los mecanismos de protección de los estudiantes. La DRELM señaló que hubo negligencia del Liceo Naval en el manejo del caso, ya que, de acuerdo con el protocolo del Minedu, una vez que la institución educativa toma conocimiento de un presunto caso de violencia sexual, debe comunicarlo de inmediato a la Policía Nacional y realizar las acciones correspondientes.
El proceso continúa
De los diez estudiantes que fueron retenidos inicialmente en la Comisaría de Familia del Cercado de Lima, cuatro fueron puestos en libertad y seis continúan directamente vinculados a las actuaciones judiciales. La situación de cada adolescente deberá ser evaluada de manera individual, debido a que las autoridades deben determinar el grado de responsabilidad que correspondería a cada uno. Por ello, el traslado de los seis menores a la sede judicial no implica por sí mismo que se haya establecido responsabilidad por los hechos denunciados.
La abogada penalista Romy Chang explicó que, una vez que el Ministerio Público presenta el pedido, corresponde al juez de familia evaluar si procede la medida. “La fiscalía, antes de que venza el plazo, tiene que presentar un pedido de internamiento preventivo ante el juez de familia para que convoque una audiencia y pueda debatirse ahí si concede o no la medida”, señaló. El proceso continúa y se espera que en los próximos días se conozcan nuevas decisiones judiciales que permitan esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recordó que tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia, incluyendo la línea gratuita 100, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, que brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano. Además, se puede acceder al chat en línea a través de la página web del programa nacional Warmi Ñan, que ofrece orientación en tiempo real e ininterrumpido sobre prevención de la violencia.
La comunidad educativa del Liceo Naval Almirante Guise permanece a la espera de las conclusiones de las investigaciones administrativas y judiciales. Mientras tanto, las autoridades han reiterado su compromiso de garantizar la protección de la víctima y de todos los estudiantes, así como de fortalecer los protocolos de seguridad y prevención de la violencia en las instituciones educativas del país. El caso ha generado un amplio debate sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de denuncia y atención en los colegios, así como sobre la importancia de promover una cultura de respeto y tolerancia entre los estudiantes.