Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha ubicado al Perú como el tercer país más informal de América Latina, un diagnóstico que enciende las alarmas y plantea un desafío mayúsculo para el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. El reporte, publicado en los mismos días en que la mandataria daba su primer Mensaje a la Nación tras asumir el cargo, pone en cifras el enorme reto que enfrenta la nueva administración en materia laboral y de formalización económica.
El contexto es particularmente complejo. La informalidad en el Perú no es un fenómeno homogéneo; golpea con mayor dureza a sectores como la agricultura, donde alcanza el 94% de los trabajadores, y afecta desproporcionadamente a los jóvenes y a las mujeres. Mientras la inteligencia artificial y la automatización avanzan a pasos agigantados, una parte significativa de la población económicamente activa permanece atrapada en empleos precarios, sin acceso a protección social, beneficios laborales ni oportunidades de desarrollo profesional.
Dos días después de las celebraciones por Fiestas Patrias, la presidenta Keiko Fujimori dedicó un segmento central de su discurso a los anuncios en materia laboral. Ya con Juan Sheput al frente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se han tomado decisiones que, según especialistas, podrían abrir un espacio para seguir los consejos y recomendaciones que la OIT viene formulando para la región.
El diagnóstico de la OIT: Perú en el podio de la informalidad
El informe de la OIT, que analiza las condiciones del mercado laboral en América Latina y el Caribe, coloca al Perú en el tercer lugar entre los países con mayor tasa de informalidad. Si bien no se han difundido las cifras exactas del último reporte, estudios previos del organismo ya advertían que la informalidad en el país superaba el 70% de la población ocupada. Esta posición, solo por detrás de naciones con estructuras económicas muy diferentes, evidencia la urgencia de implementar políticas públicas efectivas para revertir la tendencia.
Los especialistas consultados coinciden en que la informalidad no es solo un problema laboral, sino un obstáculo estructural para el desarrollo económico y social. La falta de formalización limita el acceso al crédito, reduce la recaudación tributaria, debilita la protección social y perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad. En ese sentido, el informe de la OIT no solo diagnostica, sino que también ofrece una hoja de ruta basada en el diálogo social y en políticas integrales que aborden las causas profundas del fenómeno.
Las medidas del Gobierno: cuatro comisiones y una estrategia integral
En respuesta a este diagnóstico, el Gobierno de Keiko Fujimori ha puesto en marcha un paquete de medidas que buscan atacar la informalidad desde distintos frentes. Una de las acciones más relevantes es la creación de cuatro comisiones presidenciales, integradas por "peruanos prominentes" de cada sector, gremios empresariales, sindicatos y expertos internacionales. La primera de estas comisiones estará centrada específicamente en corregir el elevado porcentaje de informalidad laboral en el país andino.
Las otras tres comisiones abordarán áreas igualmente estratégicas: la reforma del mercado financiero y de créditos, la optimización de los proyectos de inversión pública y el combate a la evasión tributaria. Esta estructura refleja la convicción del Ejecutivo de que la informalidad no se resuelve únicamente con políticas laborales, sino que requiere una transformación profunda en múltiples dimensiones de la economía.
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha sido el encargado de anunciar estas medidas y de establecer el tono de la gestión. En su primera rueda de prensa, afirmó que el incremento de la productividad será "la obsesión" de su cartera y "la batalla final para eliminar el subdesarrollo". Cuba estimó que, pese a la presencia del fenómeno de El Niño, la economía peruana crecerá un 3,5% este año, y que sin ese impacto climático la cifra podría rozar el 4,5%.
El rol del Ministerio de Trabajo y el fortalecimiento de las mypes
Desde el MTPE, el ministro Juan Sheput ha sido claro en señalar que la lucha contra la informalidad será una prioridad absoluta de su gestión. En declaraciones recientes, afirmó que el Gobierno impulsará una política decidida para que más peruanos accedan a empleos formales, con beneficios y protección social, sin reducir ninguno de los derechos vigentes. "La presidenta ha señalado que no se disminuye ningún derecho laboral. Y, en cuanto a la lucha contra la informalidad, lo haremos a través de una priorización de las microempresas y pequeñas empresas", sostuvo.
Las micro y pequeñas empresas (mypes) son el corazón del tejido empresarial peruano: representan el 99,7% de todas las empresas del país y generan la inmensa mayoría del empleo. Sin embargo, también son el espacio donde la informalidad se concentra con mayor intensidad. Por ello, el Gobierno ha anunciado que, durante los primeros 100 días, se reactivará ProMype, se ampliará el acceso al crédito a través de Cofide, se fortalecerá Compras MYPerú y se impulsará el factoring.
Sheput explicó que avanzar hacia la formalización permitirá que más trabajadores accedan a beneficios como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, atención en salud y una futura pensión. "Reducir la informalidad exige fortalecer la productividad y competitividad de las MYPE, generando condiciones que les permitan crecer de manera sostenible e incorporar progresivamente a más trabajadores a la economía formal", agregó.
El sector agrícola: el desafío del 94% de informalidad
Uno de los sectores donde la informalidad alcanza niveles críticos es la agricultura. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el subsector agrícola concentra el 22,5% del empleo nacional y el 76,5% del empleo rural. Sin embargo, la informalidad afecta al 93,7% de todos los trabajadores del sector, y en zonas rurales se eleva hasta el 98,8%.
Esta realidad implica que la gran mayoría de los trabajadores del campo carecen de acceso a seguridad social, pensiones y otros beneficios laborales. Además, los salarios son extremadamente bajos: en 2025, un trabajador agrícola promedio recibía un sueldo de S/ 898, y en las zonas rurales apenas S/ 709. La falta de formalización, sumada a la baja productividad y a la limitada capacitación técnica, mantiene al sector en una situación de vulnerabilidad que el nuevo Gobierno deberá abordar con urgencia.
El aumento del salario mínimo: dos tramos para no afectar a las mypes
Otro de los anuncios centrales del Gobierno en materia laboral fue el incremento del salario mínimo. Durante su Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori se comprometió a elevar la Remuneración Mínima Vital de S/ 1.130 a S/ 1.300. Posteriormente, el ministro de Economía, Elmer Cuba, precisó que este aumento se realizaría en dos tramos para reducir el impacto en la inflación y en los costos de las pequeñas empresas.
El primer tramo será de 100 soles y el segundo de 70 soles, completando así el incremento total de 170 soles. Cuba explicó que esta estrategia busca "evitar impactos negativos inmediatos sobre la inflación" y "proteger la sostenibilidad de pequeñas empresas que podrían ver comprometida su estructura de costos". El primer aumento se daría a fines de 2026, mientras que el segundo se implementaría después de que pase el fenómeno de El Niño.
El plan también prevé que las micro y pequeñas empresas, consideradas las más vulnerables ante el aumento de la masa salarial, podrán acceder a apoyo gubernamental durante el primer mes de la medida. Según Cuba, la asistencia estatal tiene el objetivo de "no perjudicar la viabilidad de los pequeños negocios, que representan una parte esencial del empleo formal en el país".
La voz de los especialistas: ¿serán suficientes las medidas?
Los analistas laborales y económicos han recibido con cautela el paquete de medidas anunciado por el Gobierno. Si bien reconocen que la creación de comisiones presidenciales y el fortalecimiento de las mypes son pasos en la dirección correcta, advierten que la reducción de la informalidad requiere de un esfuerzo sostenido en el tiempo y de políticas que aborden las causas estructurales del problema.
Uno de los puntos más destacados por los especialistas es la necesidad de simplificar los trámites y reducir la burocracia para la creación y formalización de empresas. En ese sentido, la presidenta Fujimori había planteado durante la campaña electoral la implementación de "licencia cero" para abrir negocios con RUC y declaración jurada. Esta medida, junto con la reforma tributaria y la simplificación administrativa, podría incentivar la formalización de millones de microempresas que actualmente operan en la informalidad.
Otro aspecto clave es la necesidad de articular las políticas laborales con las estrategias de desarrollo productivo y de inclusión financiera. La informalidad no es solo un problema de falta de registro, sino de falta de oportunidades, de acceso al crédito y de capacitación. Por ello, los expertos coinciden en que el éxito de las medidas dependerá de su capacidad para generar empleo de calidad y para mejorar la productividad de los sectores más rezagados.
El desafío de los jóvenes y la inteligencia artificial
Uno de los grupos más afectados por la informalidad son los jóvenes. Según diversos estudios, la tasa de desempleo juvenil en el Perú es significativamente más alta que el promedio nacional, y una gran proporción de los jóvenes que logran insertarse en el mercado laboral lo hacen en empleos informales y precarios. Este fenómeno se agrava en un contexto de avance acelerado de la inteligencia artificial y la automatización, que están transformando los mercados laborales en todo el mundo.
El Gobierno ha anunciado el lanzamiento del programa "Jóvenes con Futuro", orientado a reducir a la mitad la tasa de desempleo juvenil. Sin embargo, los especialistas señalan que este tipo de iniciativas deben ir acompañadas de una profunda reforma educativa y de una apuesta decidida por la formación en habilidades digitales y técnicas que demanda el nuevo entorno productivo. De lo contrario, existe el riesgo de que una generación completa quede atrapada en la informalidad, sin las herramientas necesarias para competir en un mercado laboral cada vez más exigente.
El camino por recorrer: retos y perspectivas
El informe de la OIT y las recientes medidas del Gobierno de Keiko Fujimori marcan un punto de inflexión en la agenda laboral del Perú. El país tiene la oportunidad de implementar reformas estructurales que permitan reducir la informalidad y mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores. Sin embargo, el camino es largo y está lleno de obstáculos.
La informalidad no es un fenómeno que se pueda resolver de la noche a la mañana. Requiere de un esfuerzo coordinado entre el Estado, los empleadores, los trabajadores y la sociedad civil. También exige voluntad política para enfrentar intereses creados y para implementar reformas que, aunque necesarias, pueden generar resistencias en el corto plazo.
El Gobierno de Keiko Fujimori ha dado los primeros pasos. La creación de las comisiones presidenciales, el fortalecimiento de las mypes, el aumento del salario mínimo en dos tramos y el programa para jóvenes son señales de que la informalidad está en el centro de la agenda política. Ahora, el desafío es convertir esas promesas en resultados concretos y medibles, que permitan al Perú escalar posiciones en el ranking regional y, sobre todo, mejorar la calidad de vida de su población.
La OIT, por su parte, ha ofrecido su cooperación técnica y su experiencia para apoyar a los países de la región en este esfuerzo. El Perú, con su tradición de diálogo social y su capacidad de adaptación, tiene todos los ingredientes para encarar con éxito este desafío. La pregunta que queda abierta es si el nuevo Gobierno tendrá la determinación y la perseverancia necesarias para llevar adelante las reformas que el país necesita.
Mientras tanto, millones de peruanos continúan trabajando en la informalidad, esperando que las promesas se conviertan en realidad y que el empleo decente deje de ser un privilegio para convertirse en un derecho efectivo para todos.