Por primera vez en la historia del Perú, la producción de oro de origen ilegal ha superado a la producción formal. Durante el primer semestre de 2026, la extracción ilícita creció 19,4% mientras que la legal cayó 5,9%, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). El resultado: 8,7 toneladas más de oro ilegal que formal en apenas seis meses, lo que representa el 54% del volumen total exportado por el país.
La magnitud del fenómeno es devastadora. El IPE proyecta que al cierre de 2026, las exportaciones de oro de origen ilegal alcanzarán al menos 110 toneladas y podrían superar las 120 toneladas, lo que representaría entre el 52% y el 55% del total de oro exportado por el Perú. En términos económicos, el valor exportado de este metal ilícito alcanzaría entre US$16.000 millones y US$18.000 millones, una cifra que equivale al 23% del presupuesto de la República y que multiplica por nueve lo registrado hace apenas una década.
El aumento del precio internacional del oro ha sido el combustible perfecto para esta expansión criminal. En lo que va de 2026, el metal ha promediado US$4.500 por onza, un 44% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se cotizaba cerca de US$3.125 por onza. JP Morgan proyecta que el promedio anual llegue a US$4.545, aproximadamente el doble del registrado durante los últimos cinco años. Con más producción y precios más altos, el negocio ilegal se ha convertido en la economía criminal más lucrativa del país, duplicando el tamaño del resto de actividades ilícitas combinadas.
La maquinaria del oro sucio
Detrás de estas cifras hay una estructura criminal sofisticada que ha capturado vastas zonas del territorio nacional. La minería ilegal en Perú ya no es una actividad artesanal: se ha transformado en una industria delincuencial altamente organizada que opera con financiamiento internacional, logística militar y redes de corrupción que penetran instituciones del Estado. El país concentra el 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica, consolidándose como el epicentro global de esta actividad criminal.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se ha convertido en el escudo perfecto para la ilegalidad. Desde su creación en 2016, apenas el 2% de sus inscritos culminó el proceso de formalización. Al eximir a los inscritos de responsabilidad penal, el Reinfo ha facilitado el avance de la actividad extractiva sobre zonas restringidas como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas. Actualmente existen más de 31.600 inscritos vigentes en el registro, mientras que entre 2014 y 2025 solo 2.295 mineros lograron formalizarse.
La cadena de comercialización del oro ilegal ha crecido de manera explosiva. El número de plantas procesadoras se multiplicó por 3,5 hasta alcanzar las 13.876, mientras que las exportadoras aumentaron 11 veces, llegando a 1.253. En contraste, las empresas productoras formales apenas crecieron un 18% en el mismo periodo. El oro ilícito se exporta en modalidades que dificultan su trazabilidad: concentrado, en polvo, reciclado o procedente de chatarra electrónica triturada.
del oro exportado por Perú en el primer semestre de 2026 tuvo origen ilegal
Un impacto que devasta todo a su paso
Las consecuencias de esta economía criminal son multidimensionales y catastróficas. En el plano ambiental, la minería ilegal ha destruido más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos y ha vertido aproximadamente 3.000 toneladas de mercurio a los ríos peruanos en las últimas dos décadas. Solo en Madre de Dios se arrojan 27 toneladas anuales de este químico altamente tóxico. Un estudio encontró que de 105 comunidades evaluadas en la Amazonía peruana, en 80 se detectaron niveles de mercurio por encima del límite establecido por la Organización Mundial de la Salud.
La deforestación avanza a un ritmo alarmante. Entre la segunda mitad de 2025 y los primeros meses de 2026, la minería ilegal deforestó 500 hectáreas dentro de la Reserva Nacional Tambopata, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. En Huánuco, la destrucción de bosques por esta actividad se triplicó en un año, pasando de 558 hectáreas en 2024 a 1.700 hectáreas en 2025. Los investigadores advierten que la bonanza aurífera ha desplazado la deforestación desde Madre de Dios hacia Loreto, Amazonas y otras regiones de la selva peruana.
Un poder paralelo que captura el Estado
El impacto sociopolítico es igualmente grave. En regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Amazonas, los mineros ilegales actúan como gobernantes de facto: imponen "leyes", cobran tributos (cupos), administran justicia criminal y expulsan al Estado de vastas zonas del territorio. Esta captura institucional se manifiesta en fiscales amenazados, policías asesinados y jueces intimidados. La minería ilegal está asociada al sicariato, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando y el lavado de activos, actuando como eje financiero del crimen organizado.
La vinculación con el narcotráfico es particularmente preocupante. En zonas como Pataz y Tambopata, la minería ilegal convive con cultivos de coca y rutas de narcotráfico. Las organizaciones criminales han descubierto que la minería ilegal de oro es un activo más seguro y lucrativo para invertir dinero del narcotráfico y, a su vez, lavar los activos más fácilmente. El entonces canciller peruano Elmer Schialer reconoció que la economía del oro ilegal en Perú es siete veces mayor que el comercio de cocaína.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a minería ilegal realizados ante la Unidad de Inteligencia Financiera alcanzaron US$6.036 millones en 2025, más de cuatro veces el valor del año anterior. En la última década, esta actividad concentró más de la mitad de los flujos por posibles delitos reportados en el sistema financiero, consolidándose como el principal medio de lavado de activos del país.
La respuesta del Estado
El Gobierno peruano ha intensificado los operativos de interdicción. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, las fuerzas del orden ejecutaron 1.206 operativos en las 25 regiones del país, destruyendo bienes, maquinarias e insumos valorizados en cerca de 2.750 millones de soles. Solo en agosto se realizaron operaciones en 18 departamentos, con pérdidas para las mafias mineras superiores a los 546 millones de soles.
Sin embargo, los especialistas advierten que la interdicción por sí sola no resolverá el problema. "La erradicación o la interdicción de la minería ilegal es como el jarabe para bajar la fiebre. Es necesario, pero esa no es la medicina para la enfermedad", explicó el general (r) Rodolfo García Esquerre, Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal. La estrategia integral debe combinar formalización con plazos creíbles, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida y cooperación transfronteriza.
"Al eximir a los inscritos de responsabilidad penal, el Reinfo también ha facilitado el avance de esta actividad sobre zonas restringidas como áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas."
El Ministerio de Energía y Minas ha anunciado que su propuesta es no ampliar el Reinfo más allá de diciembre de 2026. Además, el Ejecutivo prepara un proyecto de Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que busca ofrecer una salida ordenada a los mineros en proceso de formalización. La minería ilegal también afecta operaciones formales: el IPE estima que están en riesgo proyectos que representan en conjunto más de US$12.000 millones de inversión, incluyendo Conga y Michiquillay en Cajamarca, y Los Chancas y Haquira en Apurímac.
El costo humano también es significativo. La minería informal e ilegal moviliza entre 200.000 y 500.000 trabajadores, una cifra equivalente o incluso superior a los 254.000 empleos directos que genera la minería formal. Las comunidades indígenas son las más afectadas: el Gobierno Territorial Awajún ha alertado sobre más de 50 dragas operando en puntos críticos de los ríos Santiago, Cenepa y Marañón. En la cuenca del Nanay, comunidades nativas han bloqueado vías fluviales como medida de protesta ante la inacción estatal.
El Perú enfrenta una amenaza existencial. Un negocio ilícito de hasta US$18.000 millones anuales distorsiona el mercado cambiario, retroalimenta el lavado de activos, destruye la competencia formal y convierte al país en un paraíso para redes internacionales de contrabando. La minería ilegal no paga impuestos, no respeta normas ambientales y no genera desarrollo: es una economía depredadora que destruye bosques, contamina los ríos con mercurio, arrasa comunidades enteras y perpetúa la violencia.
La confirmación de que la producción ilegal de oro supera a la formal no es solo una estadística: es la evidencia de que el crimen organizado ha capturado un segmento estratégico del país. Ningún país puede sobrevivir con una economía criminal más grande que su economía formal.